El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Francisco Acuña, le entregó en nombre del tribunal un reconocimiento a la Universidad Autónoma del Caribe por sus 50 años, en el marco del foro Justicia y Sociedad, que se llevó a cabo este viernes en el Gran Salón de Casa Club Caribe.

La Corte Suprema reconoció la labor de cinco décadas formando profesionales con valores y excelsas calidades académicas, que ha contribuido al progreso de la región. “Una noble tarea en pro del desarrollo de la comunidad con el decoro, consagración, responsabilidad y proyección que inspiró a sus fundadores. De sus aulas han surgido ilustres abogados y eximios juristas que han realizado valiosos aportes con una vida dedicada al servicio de la justicia y la sociedad. Para la Universidad Autónoma las más cálidas felicitaciones y augurio de éxito”, expresó el magistrado.

Al evento asistieron los magistrados Margarita Cabello, Eugenio Fernández Carlier, Giovanni Francisco Jiménez Rodríguez, Ernesto Forero Vargas, Aroldo Wilson Quiroz, miembros de la rama judicial y de los tribunales de la ciudad y del departamento.

En su discurso de instalación del evento, el rector Ramsés Vargas Lamadrid se refirió a la importancia del debido proceso como mecanismo democrático para limitar el poder. “Sin el debido proceso es imposible materializar los postulados de una pronta justicia. Solo hay una forma de enterarse de la estatura de un país: con la Constitución política y su Código de Procedimiento”.

Vargas Lamadrid afirmó que la democracia no es sólo un debate electoral, es un sistema que va mucho más allá. “El Estado es la concentración del poder, de ahí la necesidad lógica de limitarlo, y se limita dotando a los individuos de un margen de libertad; segundo, empoderarlos en el ejercicio de su derechos fundamentales; y tercero, garantizándoles un debido proceso genuino y garante. El debido proceso es el mejor límite del poder”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia habló sobre la justicia especial para la paz. “Pretendemos que la sanción que se imponga conjugue elementos como justicia, paz, reparación y no repetición, esto puede ser una declaratoria bonita, que no se debe olvidar al momento de aplicar una sanción; por eso el derecho penal del posconflicto no puede ser el mismo derecho penal que venimos aplicando hasta hoy, si queremos transformación de nuestra sociedad”.

Agregó que es imperioso hacer “una construcción dogmática nuestra, que dé respuesta a nuestros años anteriores de historia: guerra, conflicto y violaciones. De lo contrario, lo que hagamos será sólo un himno y no una contribución real a lo que está reclamando el pueblo colombiano”.